Escribe: Rolando Díaz. En el Perú, la comercialización del oro es libre y no requiere contar con concesiones. Los comercializadores y exportadores, a la fecha, no tienen mayores restricciones al respecto. Para realizar esta actividad no se requiere de permisos especiales o autorizaciones. Si i un comercializador o exportador de oro actúa de buena fe, no tendrían responsabilidad alguna en el problema de la minería informal.
El sentido común nos dirá que tampoco sería posible involucrarlo, pues cada quien responde por sus actos, y a ningún comercializador y/o exportador se le debe sancionar por actos de terceros o de su cadena de comercialización. Si una persona llega a las oficinas del agente comercializador o exportador y le ofrece cierta cantidad de oro y, para ello, se identifica con su RUC, sus documentos de identidad empresarial o personal, y entrega el respectivo comprobante de pago, ésta es una operación válida y legal.
Menos aun recae responsabilidad en el exportador de buena fe que le compró mineral al comercializador, ni en el destinatario final en el extranjero. Sencillamente porque éstos, siendo formales y cumpliendo con la exigencias legales-, no tendrían por qué y cómo conocer que el origen del mineral parte de operaciones ilícitas o ilegales. Recordemos que nuestra legislación contempla el principio de la buena fe y presunción de propiedad sobre los bienes muebles respecto de los que se tranza.
El hecho es que frente a la reciente legislación para combatir la minería ilegal, pues los comerciantes y exportadores formales, sin tener responsabilidad alguna por la minería ilegal, han suspendido sus actividades a la espera de que el Gobierno establezca reglas de juego claras y razonables para los comercializadores y exportadores de productos minerales, los mismos que no pueden ni deben ser confundidos con el minero ilegal.
Es hora de que el Gobierno se siente en la mesa con ellos y, al igual que lo viene haciendo con los mineros ilegales -aunque marcando la distancia- se pongan de acuerdo en dichas reglas de juego, pues no es aceptable que sobre un sector del empresariado nacional, que actúa responsablemente y dentro de la formalidad, exista una espada de Damocles que les impida continuar en el mercado, sea por desinformación o las expectativas de otros que desean obtener ventajas a río revuelto.
